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A la cárcel un Mayor del Ejército acusado de espiar para la mafia

Martes, 10 Septiembre 2013 13:11

La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el mayor Wilmer García Daza, del Ejército, así como para Mauricio Parrado técnico subjefe de la Fuerza Aérea.

 

Por entregar, presuntamente, información a una organización dedicada al narcotráfico, Wilmer Didier García Daza, mayor del Ejército Nacional y Mauricio Leonardo Parrado Enciso, técnico subjefe de la Fuerza Aérea, fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad por un juez de control de garantías.

Igualmente, la determinación de jueces de Popayán (Cauca) y Buenaventura (Valle del Cauca) cobija a los civiles Juan Carlos Parra Arcila, alias Negro; Jairo Bolaños Correa, alias Canoso y Belcy Gómez Murcia, alias La señora. Los dos últimos, al parecer, serían los socios capitalistas de la organización encargados de pagar y coordinar el giro del dinero a los informantes.

Mediante labores investigativas coordinadas por la Fiscalía 14  de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim) desde hace 16 meses, se estableció que la organización supuestamente pagaba a los miembros de la Fuerza Pública por suministro de información, para tranzar estratégicamente las rutas empleadas para el transporte de estupefacientes, utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y avionetas.

Asimismo se estableció que la organización habría alcanzado a pagar más de $60’000.000 por información a los uniformados, para moverse si ser detectados.

En desarrollo del proceso se realizó el seguimiento a varios eventos que evidenciaron los movimientos de la organización criminal. Entre ellos se destaca el transporte de 200 kilos de cocaína en octubre de 2012 por el pacífico colombiano, la incautación de una aeronave en mayo de 2013, y el transporte de 500 kilos de cocaína en una embarcación para entregarla en límites marítimos entre Colombia y Panamá.

Los hoy imputados aceptaron cargos mediante preacuerdo, el cual deberá ser avalado por un juez. Todos fueron judicializados por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, sin embargo a los uniformados se les imputó con el agravante como servidores públicos y adicionalmente la conducta punible de espionaje.


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